"Los dividendos de la paz no pueden verse amenazados por grupos criminales que copen los territorios que dominaban las Farc y hagan inviable una reducción del gasto en fuerza pública, por lo que hay que tomar medidas al respecto".

Así lo indicó el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, quien hizo hoy un detallado análisis de lo que puede venir para Colombia con la finalización del conflicto armado en la Universidad Externado de Colombia, en la instalación  del Seminario Internacional “La Paz en el Territorio: Poder Local y Posconflicto en Colombia”.

“El gasto en seguridad y defensa nacional le cuesta al país 34 billones de pesos por lo que la sociedad espera que con quinientos mil hombres, las fuerzas militares y de policía ocupe los territorios y ofrezca las garantías para el disfrute de los derechos”, sostuvo.

Maya Villazón recordó como algunos estudios han advertido que no será posible obtener dividendos de la firma de la paz en el corto plazo debido la amenaza de las BACRIM y otros actores que están asumiendo el control de los territorios dominados antiguamente por las FARC, lo que hace que sea prácticamente inviable una reducción del gasto militar y policial mientras esa circunstancia persista.

Según Maya Villazón, mientras se avanza en la implementación de los acuerdos para la terminación del conflicto, persiste una enorme preocupación en torno a la corrupción que ronda al país, la cual genera incertidumbre sobre las posibilidades de materializar los propósitos pactados, que están mayoritariamente a cargo del Estado colombiano.

“La percepción por los bajos resultados de políticas también inquieta al país”, agregó. Y mencionó entonces algunos resultados de un reciente estudio de la Contraloría sobre la ley de Justicia y Paz, que en sus 10 años de aplicación ha tenido un alto costo, cercano a los 11 billones de pesos.

Unos 4.981 miembros de organizaciones al margen de la ley, en su mayoría paramilitares, la mitad habían salido del proceso y apenas 195 habían recibido condenas, es decir el 8.2% de los aspirantes a los beneficios de esa legislación especial.

Adicionalmente, de 439.517 hectáreas de tierras con solicitud de restitución, apenas se han entregado 612 hectáreas y de las indemnizaciones ordenadas en justicia, el 90% han sido sufragadas con recursos del estado y el 6% con los bienes de los postulados.

Maya Villazón hizo referencia a un estudio de Fedesarrollo que calcula en 208 millones de pesos el costo preliminar del acuerdo de paz de La Habana, revelando un alto impacto fiscal para los puntos relacionados con la Reforma Rural Integral y la política de víctimas.